La guerra contra las pandillas desatada por el gobierno del presidente Nayib Bukele durante 2022 despierta intensas controversias por la gran cantidad de temas que inciden en el plan del mandatario para limpiar de homicidios y violencia las calles del país.
Durante el último fin de semana de marzo del año en curso, al menos 87 salvadoreños perdieron la vida por acciones atribuidas a esos grupos que el estado califica de terroristas por las acciones que ejecutan contra el resto de la sociedad.
Eso llevó a que la lucha contra las maras (Salvatruchas M-13, 18 sureños y 18 revolucionarios) se convirtiera en política oficial encaminada a crear un ambiente de seguridad que permitiera avanzar en los planes de desarrollo turístico y garantizar la seguridad de la población que durante años fue rehén de la violencia desatada por esos grupos.
Entre las medidas destacadas está la aplicación del estado de excepción aprobado por el Poder Legislativo a solicitud del gobierno que suspendió la libre asociación y manifestación, el derecho a la defensa, permite intervenir telecomunicaciones y correspondencia, y amplía a 15 días la detención administrativa “para dar tiempo a los fiscales a investigar”.
A pocas semanas de que concluya el año, la Asamblea Legislativa (Parlamento) extendió por octava ocasión el régimen de excepción que sin dudas sirvió para enfrentar a los pandilleros y permitió al gobierno avanzar con resultados en una política a la que pocos daban márgenes de éxito, dado el poder de las pandillas.
Esos grupos no surgieron en este país, fueron resultado de la extradición de miles de inmigrantes desde territorio estadounidense. MS-13 y Barrio 18 nacieron en la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos y pese a la expulsión de muchos mareros, su influencia hoy se registra en varios estados de la nación norteña.
Según estudios revelados por el diario La Opinión, inmigrantes salvadoreños que huyeron de la guerra, formaron en los Ángeles ambas bandas, pero cuando se inició una política de deportación, miles de salvadoreños fueron devueltos y se asentaron en las dos pandillas en El Salvador y Honduras.
Como un cáncer, se extendieron por la región, principalmente en el triangulo El Salvador, Honduras y Guatemala, controlaron barrios, municipios, departamentos y algunos expertos estiman que penetraron las esferas del poder.
Estudios revelados por autoridades y medios de prensa salvadoreños estiman que las bandas tenían ganancias anuales superiores a los 740 millones de dólares obtenidos mediante la extorsión, los asesinatos, el tráfico de drogas y otros ilícitos que pusieron al gobierno de Bukele en jaque y obligaron a acciones para detener el flagelo de la violencia armada y los homicidios.
Pese a que no faltan los críticos, hoy una mayoría de los salvadoreños aprueba las medidas del gobierno para combatir esas bandas y recuperar las calles para la sociedad, según estudios de la encuestadora Gallup.
En días recientes, una nueva evaluación del número de pandilleros existentes creo nuevas interrogantes.
Ya no son 76 mil, como dijo a Prensa Latina el vicepresidente del país, Félix Ulloa, durante una entrevista exclusiva, en la cual aseguró que habría estado de excepción hasta poner tras las rejas al último terrorista.
La novedad anunciada por el comisionado David Reyes Palacios, subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), durante un informe al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas que sesionó en Ginebra, Suiza, en su 75 periodo, abre interrogantes sobre hasta cuándo se extenderá la medida que muchos estiman inconstitucional.
Por décadas El Salvador fue etiquetado como el país más peligroso del mundo y ahora está en el camino de ser el más seguro en América Latina, según la propaganda oficial, que no se aleja mucho de la verdad.
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