evolución histórica entre los siglos XIX y XX (2023)

Introducción

El presente trabajo investigativo estudia y explica la evolución conceptual e histórica que se dio entre el Estado de derecho y el Estado social de derecho; además, describe los fenómenos que los impulsaron y demarcaron la ruta para la imposición de estos modelos estatales.

La investigación centra su atención en la última parte del siglo XIX y el en siglo XX, con el fin de encontrar respuestas sobre los acontecimientos que surgieron durante esta época, y reconocer su influencia en la creación de un nuevo modelo de entendimiento estatal que ayudó a resolver las exigencias sociales que para ese entonces se hacían de forma álgida y hasta violenta, debido a la enorme desigualdad y el desconocimiento de la dignidad de las personas.

Esta evolución conceptual es fundamental para el entendimiento de las sociedades modernas, toda vez que, como lo vemos consagrado en nuestra carta política, en el artículo 1, el Estado social de derecho es el nuevo modelo de Estado que se emplea de forma unánime en el mundo occidental.

Sin embargo, esta nueva forma sigue teniendo una enorme conexión con el Estado de derecho liberal que se estableció después de las revoluciones del siglo XVIII, pues los elementos configurativos del Estado de derecho siguen estando igual de presentes, sin desconocer la integración de nuevos derechos que matizan y hasta brindan nuevas formas de entendimiento sobre la dimensión de los derechos fundamentales.

Por esta razón, este trabajo es necesario y pertinente para su estudio, toda vez que pretende brindar luces sobre las nuevas dimensiones estatales que se aplican en la actualidad, comprendiendo los elementos que caracterizan a estos dos modelos estatales, sus objetivos, diferencias y los componentes ideológicos que los enmarcan.

El artículo está dividido en tres capítulos. Inicialmente, se realizará una diferenciación conceptual entre el Estado de derecho y el Estado social de derecho; en un segundo momento, se identificarán los acontecimientos históricos que provocaron el cambio de Estado de derecho a Estado social de derecho, no sin antes hacer un breve recuento de los fenómenos que establecieron el Estado de derecho como modelo imperante. Por último, se realizará una interpretación de los sucesos históricos que llevaron a la implementación del Estado social de derecho y se explicarán las razones por las cuales las demandas que se realizaron en la época condujeron a la creación de un nuevo modelo estatal que solventó las exigencias sociales de ese momento histórico.

Conceptualización, entre el Estado de derecho y el Estado social de derecho

El Estado social de derecho y el Estado de derecho son fenómenos conceptuales que han tenido una enorme trascendencia en el desarrollo de la sociedad moderna. Su entendimiento y aplicación han sido objeto de estudio de diversos teóricos a lo largo de la época moderna, quienes han señalado de forma tajante las diferencias y necesidades a las que atiende cada modelo; sin embargo, a su vez, se ha reiterado la conexión que se establece entre estos conceptos, donde más que presentarse una dicotomía, se presentan unos objetivos específicos que responden a las necesidades actuales.

El presente artículo empieza la conceptualización de estos fenómenos con el estudio del Estado de derecho, el cual goza de una mayor antigüedad; además, fue una fase necesaria para el establecimiento del Estado social de derecho. El Estado de derecho es, entonces, un fenómeno de reciente surgimiento: sus raíces filosóficas fueron propuestas por varios pensadores de corte liberal, los cuales otorgaron el sustento epistémico para el nacimiento de este modelo.

Kant, Locke, Montesquieu y Rousseau son algunos de los teóricos que forjaron las bases filosóficas para el inicio de este modelo estatal, en donde el iusnaturalismo fue el antecedente histórico directo del Estado de derecho. Lo anterior partió de la necesidad de que existiera la ley para que regulara las libertades y garantizara el “orden natural” de las cosas en la sociedad, lo que favoreció el surgimiento de ideas liberales que fueron la base del Estado liberal, que fue el paso previo al Estado de derecho.

La Revolución Francesa institucionalizó el modelo de Estado de derecho, aunque no fue adoptado como termino científico sino hasta 1832 por Robert von Mohl en su Tratado de derecho administrativo. Después de esto el termino gozó de una amplia aceptación a nivel internacional hasta 1914, cuando a causa de las diversas crisis sociales tuvo que ser replanteado.

Durante este tiempo el Estado de derecho alcanzó su desarrollo conceptual y definió sus características y objetivos de forma clara y expresa, lo que permite diferenciarlo de otros modelos estatales que se sirven de un ordenamiento jurídico, pero que no son Estados de derecho, tal y como lo afirma Elías Díaz (1963):

No todo Estado es Estado de Derecho. Por supuesto que todo Estado genera, crea, un Derecho, es decir, produce normas jurídicas; y que, en mayor o menor medida, las utiliza, las aplica y se sirve de ellas para organizar y hacer funcionar el grupo social, así como para resolver conflictos concretos surgidos dentro de él. (p. 21).

A raíz de esta oportuna diferenciación, surge entonces la necesidad de establecer cuáles son esas características esenciales que logran configurar la existencia de un Estado de derecho, logrando establecerse como vitales el imperio de la ley, la división de poderes, la legalidad de la administración, el establecimiento de derechos fundamentales y la presencia de una constitución escrita (Villar, 2007).

  • El imperio de la ley: El imperio de la ley, tal y como lo afirma Elías Díaz (1963), hace referencia a la prevalencia de la ley formal por encima de la ley material, esto es que existe una jerarquía en donde prima la ley creada por el órgano legislativo escogido por voto popular (ley en sentido formal) sobre cualquier otra expresión normativa expedida por el Estado (ley en sentido material).

  • División de poderes: La división de poderes adoptada por el Estado de derecho proviene de las ideas señaladas por Montesquieu, quien estableció la triada de poder como la forma efectiva de controlar y limitar la concentración de poder estatal en una sola figura o autoridad. La división se crea entre la rama legislativa que se encarga de crear las leyes; la rama ejecutiva que se ocupa de ejecutar las leyes expedidas; y la rama judicial, la cual tiene como tarea sancionar a aquellas personas que inaplican las normas.

  • Legalidad de la administración: Para Picard y Useche (2006) la legalidad de la administración es la “actuación según la ley y suficiente control judicial”. Este sometimiento se refiere a la ley formal que es expedida por la rama legislativa, viéndose la administración supeditada al actuar de forma reglada y apartándose de los actos discrecionales de los cuales gozaba antes del Estado de derecho. El control judicial, por su parte, hace referencia a la tarea de los jueces que deben velar por el cumplimiento de los deberes estatales, razón por la cual a medida que avanza el siglo XIX se ve un mayor crecimiento de la responsabilidad estatal a causa de la jurisprudencia de los jueces administrativos.

  • Constitución política escrita: La constitución política escrita se estableció como forma de garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, también como forma de control del órgano legislativo, el cual, por su función de expedir la ley formal, goza de una posición privilegiada en el Estado de derecho.

  • Establecimiento de libertades y derechos fundamentales: Todo lo anterior tiene como finalidad la protección de las libertades y derechos de los ciudadanos que componen el Estado, la visión individualista del pensamiento liberal conlleva a establecer garantías de protección del ciudadano frente al ejercicio del poder estatal, razón por la cual es la institución de los derechos la llamada a regular y someter al Estado en su ejercicio, consagrando derechos individuales erga omnes que tienen aplicabilidad inmediata y universal.

Las características anteriormente mencionadas son, entonces, los elementos configurativos necesarios para el desarrollo del Estado de derecho, pero estas características, a su vez, deben verse incorporadas dentro del Estado social de derecho, el cual es el modelo que prosigue al Estado de derecho.

El Estado social de derecho es, entonces, un fenómeno conceptual e histórico que surge a inicios del siglo XX, aunque tiene antecedentes históricos desde mediados del siglo XIX con la Revolución Francesa de 1848, época en que sus postulados empezaron a ser exigidos por parte de la ciudadanía; sin embargo, su institucionalización se dio mucho tiempo después, a causa de la crisis económica de 1928 y de la Segunda Guerra Mundial.

Hermann Heller (1933) fue el primer académico que planteó de forma teórica el concepto de Estado social de derecho en 1928, sustentado su tesis en la necesidad de establecer una salida efectiva al “fascismo y la dictadura económica” que parecía imponerse durante esa época, a causa del surgimiento de los discursos nacionalistas resultantes de la postguerra.

El Estado social de derecho cuenta con diversas definiciones, una de las más pertinentes es la de Villar Borda (2007) que señala al Estado social de derecho:

Como Estado social se define aquel que acepta e incorpora al orden jurídico, a partir de la propia Constitución, derechos sociales fundamentales junto a los clásicos derechos políticos y civiles. Se habla de derechos de segunda generación y más adelante se vendrán a complementar aún con los de tercera generación. Los derechos civiles no buscan la protección de libertades individuales, sino la prestación social del Estado en diversos aspectos (p. 82).

De la definición planteada por Villar Borda se desprenden varios elementos característicos del Estado social de derecho, entre los cuales primariamente se encuentra el establecimiento de derechos sociales y económicos que protegen el colectivo; estos derechos, entonces, cuentan con un carácter positivo -que es distinto al carácter negativo de los derechos fundamentales-, en razón a la necesidad del Estado de emplear acciones que vayan encaminadas a la realización de estos derechos; es decir, el Estado debe facilitar las herramientas (proveer empleo, educación, salud, seguridad social) a los ciudadanos, distinto a los derechos fundamentales a los cuales se le adjudica un sentido negativo, toda vez que el Estado debe abstenerse de realizar acciones que vulneren dichos derechos.

Su materialización cuenta con otros elementos esenciales para su debida existencia, entre los cuales se destaca la lista realizada por Alfred Katz (1987), quien señaló los objetivos y elementos integrativos del Estado social de derecho, enumerándolos de la siguiente forma:

  • Condiciones de vida digna: El Estado social de derecho se caracteriza por establecer condiciones de vida digna para todos los habitantes, por lo cual adquiere un factor intervencionista y se aleja del carácter abstencionista e individualista del Estado de derecho.

  • Igualdad social: El Estado social de derecho busca proveer una verdadera igualdad, no solo formal, sino material, en donde todos los ciudadanos cuenten con igualdad de oportunidades y trato frente a las autoridades; además, genera acciones positivas que buscan ayudar a la clase social menos favorecida.

  • Equidad social: El Estado penetra en todas las esferas públicas y de relacionamiento económico, buscando establecer un orden justo y armonioso entre los individuos, por lo cual señala el establecimiento de una protección reforzada.

  • Sistema jurídico de indemnizaciones: El Estado establece un amplio régimen de indemnizaciones por el actuar estatal, este se ve reforzado, en gran medida, por la actuación de los jueces, quienes amplían el campo de la responsabilidad estatal y lo llevan a un crecimiento general, en donde ya no solo se sanciona el actuar o la omisión de la administración, sino que, a su vez, se castiga el mal proceder de la rama judicial y la rama legislativa.

Por último, el concepto de Estado social de derecho se compone también de un aplicativo cuantitativo; esto es, la aparición de un Estado democrático, el cual establece la creación de mecanismos de participación ciudadana, en donde los habitantes pueden participar y avocar por la protección de los derechos consagrados en su carta magna. (Corte Constitucional, 1992).

Fenómenos históricos de finales del siglo XIX y del siglo XX que provocaron el cambio de Estado de derecho a Estado social de derecho

Los fenómenos históricos que propiciaron el surgimiento del Estado social de derecho ocurrieron a partir del siglo XIX con la Revolución Francesa de 1848, y van hasta casi la mitad del siglo XX cuando se logró institucionalizar el Estado social de derecho, después de la Segunda Guerra Mundial, a causa de la crisis definitiva del Estado liberal de derecho.

Sin embargo, para mencionar los fenómenos históricos que dieron paso al Estado social de derecho; primero, se debe hacer un breve recuento sobre los hechos a través de los cuales se estableció el Estado de derecho, antecesor directo del Estado social de derecho.

El Estado de derecho nació de la evolución del iusnaturalismo racional preponderante durante los siglos XVII y XVIII; a partir de ese momento se empezó a establecer la idea de un sistema normativo escrito que protegiera las libertades individuales y asegurara el orden justo de la sociedad a través de leyes racionales que emanaran de la voluntad popular de la ciudadanía, relacionado, de esta forma, con la democracia liberal que se proponía por esos días.

El Estado de derecho tuvo, entonces, enormes sustentos filosóficos que se instauraron a través del pensamiento filosófico liberal, que buscaba el individualismo, el establecimiento de garantías fundamentales, el abstencionismo del Estado en materia comercial (y personal), además de la implementación del sistema racional.

Todos estos postulados se consagraron con la Revolución de las Trece Colonias que se dio entre 1775 y 1783, y la Revolución Francesa de 1789, en donde quedó plasmado en diversos documentos (entre ellos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano) la consigna de las libertades fundamentales y la materialización del componente filosófico liberal que dominaba para la época.

A pesar de que estos fenómenos históricos ayudaron a concretar el Estado de derecho, este solo fue institucionalizado hasta la adopción del término teórico que estableció Robert von Mohl en 1832; desde ese momento y hasta inicios del siglo XX el Estado de derecho gozó de una auténtica unanimidad y aceptación dentro del mundo jurídico.

Sin embargo, las constantes crisis sociales, económicas y políticas del álgido siglo XIX llevaron a que desde mediados del mismo se empezaran a hacer demandas sociales que buscaban establecer una mayor igualdad y una nueva forma de entender al individuo dentro de la sociedad; por esta razón, el Estado de derecho comenzó a ser inoperante y, finalmente, su decadencia derivó en la implementación del Estado social de derecho.

En 1848, durante la segunda Revolución Francesa, se empezaron a realizar demandas de tipo social que exigían la modificación o el establecimiento de un nuevo modelo estatal, lo anterior se deduce por los reclamos de pequeños burgueses y trabajadores que pedían que se garantizara el trabajo a través de una intervención estatal que protegiera los mercados.

Este fenómeno concuerda con lo señalado por diversos académicos sobre el reto teórico que asumía el Estado de derecho, el cual buscaba mantener el derecho a la propiedad y a la libertad contractual, pero con una intervención estatal necesaria que apoyara a los grupos marginales que solo ostentaban su fuerza de trabajo. Se buscó, entonces, la reinterpretación del concepto de igualdad, en donde el Estado debió convertirse en una “organización necesaria para el equilibrio de las relaciones sociales” (Isaza, 2011).

A este suceso histórico -que, a su vez, denotaba un conflicto teórico que iba tomando fuerza en el mundo occidental- se sumó el surgimiento de nuevas corrientes de pensamiento que incentivaron la propagación de nuevos grupos sociales que veían invisibilizados sus derechos y buscaban otras condiciones de vida.

El pensamiento socialista de Marx se mezcló con las ya inconformes necesidades que ostentaba la clase trabajadora para finales del siglo XIX, fomentando la creación de los sindicatos de trabajadores que empezaron a exigir demandas de tipo social que el Estado de derecho no lograba proveer.

Debido a estas demandas, en 1883, se creó la ley de seguridad contra enfermedad de Otto von Bismarck, que fue pionera de la seguridad social y la protección de los derechos laborales de los ciudadanos. Esta ley se promulgó en medio de una de las mayores crisis de deflación, que tuvo su punto más álgido en 1868 (además de la enorme industrialización que había para la época).

La crisis se agudizó hasta llegar al siglo XX. La hiperindustrialización y el colonialismo del siglo XIX empezaron a generar grietas a nivel internacional, desatando la Gran Guerra (que después se conoció como la Primera Guerra Mundial), una hecatombe social, económica y política para la época.

Durante la guerra y la postguerra sucedieron, entonces, varios de los fenómenos cruciales para la implementación del nuevo modelo, entre los cuales se resaltan:

La Constitución mexicana de 1917, la primera del mundo, estableció derechos laborales; además, reconoció el derecho a la huelga, estableció el derecho a la educación primaria gratuita para todos los ciudadanos y dictó medidas de protección a favor de los niños. Esta primera Constitución amplió la carta de derechos individuales y abrió un nuevo espacio de derechos colectivos que surgieron producto de las exigencias sociales de las clases trabajadoras menos favorecidas.

En 1919 se creó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como una entidad interestatal que buscaba la protección y la creación de nuevas garantías para los trabajadores; su propósito era ofrecer una mayor empleabilidad, reducir las horas de trabajo, garantizar educación y salud para los trabajadores, además de facilitar los medios para que la clase obrera pudiera tener un mayor poder adquisitivo.

El mismo año comenzó la Revolución rusa que estableció un nuevo modelo estatal socialista encabezado por Lenin, quien instauró un discurso enfocado en el ataque a la burguesía y los capitales privilegiados. Se implementó una reforma estatal profunda con la expedición del decreto de la tierra que permitió la redistribución de la tierra a los campesinos; además, se expulsaron los capitales internacionales y se privatizaron las empresas como consigna de nuevas ideas que buscaban favorecer a las clases marginadas.

En 1919 también se estableció la República de Weimar, un régimen político en el que se proclamó una nueva Constitución para Alemania, que implementó derechos colectivos tales como la protección a la familia, a la educación y al trabajo, los cuales surgieron producto de la enorme crisis que vivió este país después perder la Primera Guerra Mundial.

Durante la época de la postguerra se vivieron grandes crisis económicas y sociales a causa de las enormes pérdidas que provocó la guerra. Alemania, señalada como “culpable”, tuvo que asumir las indemnizaciones que le impusieron, las cuales eran reclamadas por los países aliados que, para solventar la guerra, adquirieron enormes deudas Estados Unidos, país que se rehusaba a condonar dichos préstamos y exigía su pago.

Para la época, las demandas sociales se agudizaron por el abandono del patrón oro, la reducción de la productividad en diversos sectores, la pérdida de inversiones extranjeras (caso de Francia y Rusia) y la implementación de un modelo de economía proteccionista que controlaba el libre cambio. Lo anterior se sumó a la mayor crisis económica del mundo moderno que estalló en 1928.

Ese año ocurrió la Gran Depresión, la cual inició en Estados Unidos y se propagó rápidamente por el resto del mundo. Esta situación provocó que en 1932 la tasa de inflación y desempleo en varias naciones occidentales fuera enorme, si se comparaba con los registros históricos, lo que conllevó a la implementación de discursos nacionalistas y fascistas que le adjudicaban la crisis a enemigos externos (como los judíos para el caso alemán); además, buscaban reivindicar e imponer sus visiones del mundo, lo que desató, finalmente, la Segunda Guerra Mundial.

Con la llegada de Roosevelt al poder, en 1933, Estados Unidos implementó un nuevo modelo estatal y económico inspirado en el keynesianismo. Roosevelt estableció el New Deal, una política intervencionista con la que intentó solventar la crisis social y económica de la época: adoptó medidas sociales como los subsidios, garantizó la educación pública gratuita, la salud y otros derechos colectivos que buscaban proteger e incentivar el crecimiento económico a través del gasto público.

Durante esta época, Colombia también adoptó medidas transformadoras en el campo social, que se implementaron con la república liberal de López Pumarejo, quien, a través de la reforma constitucional de 1936, propuso la “Revolución en marcha” como su proyecto de gobierno, que buscaba establecer derechos sociales y colectivos para la población; además, instauró la “función social” de la propiedad privada.

Todo esto conllevó a que después de la Segunda Guerra Mundial, con un Estado de derecho desgastado y unas exigencias sociales al límite, se implementara de forma progresiva en la mayoría de los países el Estado social de derecho como respuesta a la constante amenaza que sufrían las elites de ser despojadas de sus privilegios, las cuales buscaron la socialización del Estado para frenar las diversas amenazas del proletariado militante y de los colectivos comunistas que representaban a los sectores más necesitados y olvidados de la sociedad (Lamo de Espinoza, 2002).

Interpretación de los fenómenos históricos que generaron el cambio del modelo estatal

Los elementos que se presentan en el plano material de la realidad sirven como sustentos para el desarrollo de ideas, conjeturas y tesis que luego, provistos de un componente mucho más teórico e ideológico, servirán como forma de explicación del mundo material, o también funcionarán como instrumento transformador que pretende, en la mayoría de las veces, ser útil para los sujetos que habitan y conviven en el mundo. Muchas veces estas conjeturas suelen ser delimitadas a ciertos espacios territoriales, atendiendo a diversos fenómenos que acompañan el entorno.

Para el caso actual, los fenómenos históricos que generaron el cambio de Estado de derecho a Estado social de derecho deben ser interpretados de tal forma que logren dar luces sobre el relacionamiento que tuvieron los hechos con el surgimiento del concepto de Estado social; a su vez, deben orientar a una explicación que muestre por qué se establecieron esos componentes, sus finalidades y su vinculación al desarrollo del Estado social.

Por lo anterior, se resalta que los diversos fenómenos históricos que se presentaron a lo largo de los siglos XIX y XX comparten demandas sociales similares; esto es, en la mayoría de los eventos que acontecieron durante dicha época se resalta el sentimiento generalizado de una clase marginada que buscaba un reconocimiento y un mejoramiento de las situaciones de vida que padecían. La constante lucha que se presentaba entre estas clases marginadas se enfocaba en obtener una garantía del desarrollo de una vida digna; razón por la cual sus banderas de lucha se enfocaban en exigirle al Estado una mayor empleabilidad que garantizara una mayor capacidad adquisitiva al proletariado que solo tiene su fuerza de trabajo como medio de subsistencia.

La exigencia social no paró ahí: las clases menos favorecidas le reclamaron al Estado que proveyera salud y educación (esto lo hicieron con la intención de subir en la escala social establecida, en donde se entiende la educación como forma de progreso y ascenso). En la lucha por la empleabilidad, exigieron un recorte en las horas de trabajo y condiciones dignas para poder laborar; además, pedían un mejor sistema de reproducción de la riqueza que favoreciera a los trabajadores.

Lo anterior llevó a la creación de movimientos sindicales que también fueron influenciados por las corrientes teóricas de la época (como el marxismo), pues sus ideas se veían reflejadas en los postulados de esas corrientes.

Las constantes exigencias sociales provocaron el replanteamiento del Estado liberal de derecho, el cual no logró satisfacer las demandas planteadas por los grupos marginados, a causa de su inoperancia y del predominio de intereses capitalistas que coaccionaban el aparato estatal. En este modelo primaban las dinámicas del mercado, donde todos los individuos eran iguales y no gozaban de ventaja económica al momento de competir, lo que favorecía el carácter individualista de los sujetos.

El reto, entonces, era seguir privilegiando el derecho a la propiedad y a la libertad de mercado, pero, a su vez, garantizando la intervención estatal en aquellos grupos que eran menos favorecidos; por esa razón, era necesario reestructurar todo el sistema de valores que ostentaba el Estado de derecho, y pasar de un modelo abstencionista a un modelo que interviniera en su justo medio, dando progreso a las poblaciones marginadas.

La filosofía liberal del Estado de derecho debía acoplarse a los fenómenos sociales que se presentaban para la época, de lo contrario su existencia se vería amenazada, de esta forma lo describe Gómez (2006):

En la historia de la socialización del Estado, previa a la consagración del Estado social de Derecho, la filosofía política del liberalismo necesariamente tuvo que ser adaptada a la necesidad de un Estado que debe asumir funciones de intervención en la esfera de lo social (p. 81).

Por esta razón, la integración de los derechos sociales y económicos y la relevancia del componente de dignidad humana son elementos obligatorios en el nuevo modelo estatal hegemonizante, que busca reconocer el malestar social, pero mantiene las bases del modelo liberal -aunque de forma atenuada- como garantía de la primacía de intereses económicos que salvaguarden el modelo.

Otro de los acontecimientos importantes que sirve como fundamento de interpretación para la materialización del Estado social de derecho es el surgimiento de los discursos totalitaristas y su repercusión en la época. Estos discursos cargados de nacionalismo y antisemitismo, que acudían al conflicto bélico dentro del panorama político, mostraban la crisis de representación que permitía el modelo de Estado de derecho, y que debía ser solucionada por el Estado social.

La aparición de la democracia participativa fue la solución que estableció el Estado social de derecho para solventar las demandas de representatividad que exigía el pueblo, las cuales buscaban eliminar la ausencia de representación y el abuso de poder por parte de los representantes del pueblo en pro de intereses personales.

La democracia participativa surgió como el aspecto cuantitativo del Estado social de derecho, su formulación nació de la idea de crear un sistema estatal donde todos se vieran representados, y los ciudadanos pudieran participar activamente del ejercicio decisorio del Estado, otorgando legitimidad y adoptando un sistema mucho más integral que protegiera y reprodujera la diversidad cultural que compone a las sociedades.

Por último, otro de los fenómenos históricos que impactó de forma considerable la constitución del nuevo modelo estatal fue la transformación que sufrió el concepto de justicia a causa de los hechos desatados durante la Segunda Guerra Mundial y su encubrimiento en el marco legal.

El Estado liberal de derecho adoptaba dentro de sus componentes el imperio de la ley como máxima para el desarrollo; a través de este método, integraba la legalidad y la justicia en un solo fenómeno, y era la expresión de la voluntad popular a través del congreso. El Estado de derecho entendía como justa toda aquella ley que fuera expedida por el órgano legislativo que fuese escogido por el voto popular, independiente de si esta ley respetaba o no la dignidad humana y el concepto filosófico de justicia.

Ese sistema de pensamiento permitió algunos sucesos que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial, en donde varios de los delitos cometidos contra los grupos más discriminados -como el caso de los judíos- eran permitidos por la ley y, por ende, su aplicación no era entendida como delito ni como injusticia.

La vulneración de derechos, la degradación y la cosificación del ser humano que permitía este postulado fueron suprimidas por el Estado social de derecho, que planteó entre sus objetivos, principios y valores un concepto de justicia distinto al modelo clásico que proponía el Estado de derecho. Este nuevo modelo no confunde ni integra la legalidad como justicia, sino que reconoce el contexto, las circunstancias que rodean a los sujetos y las diversas necesidades que tiene cada uno de ellos, y desde allí procede con su aplicación.

Conclusiones

A través del análisis que se realizó durante la investigación, se puede evidenciar la evolución histórica y conceptual que ha sufrido el Estado de derecho, hasta el punto de convertirse en un Estado social de derecho; sus planteamientos filosóficos, objetivos, elementos configurativos y principios rectores han sido transformados con la finalidad de garantizar una mayor protección social y la preservación de la propiedad privada y de los grandes capitales, como medidas adoptadas para el beneficio de ciertos individuos.

El Estado de derecho ha demostrado su inoperancia a lo largo de la historia: su abstencionismo y visión individualista han permitido que se establezcan desigualdades sociales que afectan a los sujetos, incentivan el resentimiento a las clases marginadas y llevan al establecimiento de procesos económicos que muchas veces no son adecuados para el desarrollo social.

Los hechos históricos son elementos que siempre deben ser estudiados a la hora de entender los fenómenos económicos y sociales. Esta visión permite realizar un análisis que logra brindar luces sobre el porqué se generó el cambio desde una perspectiva interdisciplinaria, que abarca el objeto de estudio de una forma amplia.

Estos acontecimientos permiten analizar la delimitación conceptual que se establece entre los dos modelos estatales, en donde se resalta el carácter abstencionista del Estado de derecho, contrario al carácter intervencionista del Estado social. También se resalta la implementación de derechos fundamentales como forma de protección de los individuos frente al Estado; sin embargo, para el Estado social estos derechos se quedan cortos y no son garantía de equidad social, por ende, integra derechos colectivos, sociales y económicos que buscan un mejor desarrollo de la sociedad.

Los acontecimientos históricos fueron necesarios para la transformación que permitió el surgimiento del Estado social de derecho, los cuales, en su momento más álgido (comienzos del siglo XX), sirvieron como mecanismo de presión. Estos hechos de los cuales se resalta la Revolución Francesa de 1848, la Constitución mexicana de 1917, la creación de la OIT en 1919, La Gran Depresión de 1928 y la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), institucionalizaron el Estado social de derecho.

La comprensión de estos hechos ayuda a tener un mayor entendimiento de la realidad. Comprender y problematizar los fenómenos estatales que se han desarrollado a lo largo de la historia sirve como sustento para un posible planteamiento de futuros modelos estatales que busquen solucionar las problemáticas económicas, sociales, jurídicas o de cualquier otra índole que padecen las sociedades modernas.

Por último, se resalta la necesidad de proponer modelos estatales que no partan de una dogmática incuestionable que no permita la flexibilidad y el debido desarrollo del modelo estatal, como queda evidenciado con el Estado de derecho. El fracaso de aquellos modelos estatales que se surten de su componente filosófico, sin realizar un debido cuestionamiento que busque ayudar al progreso de las sociedades que pretenden regular, es un problema social que trae consecuencias.

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Author: Eusebia Nader

Last Updated: 01/08/2023

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